La Ley de dependencia y los nuevos yacimientos de empleo

Una de las consecuencias más importantes de la aplicación de la ley de dependencia es el aumento en las oportunidades de trabajo en el sector socio-sanitario. La inversión de recursos económicos y la abundancia de solicitantes han presionado el mercado laboral de los servicios de atención y cuidado, transformándolo rápidamente. (Foto por: Víctor Santa María)

El pasado primero de julio de 2009 el registro total de solicitudes para beneficiarse de la Ley de Dependencia desde que entró en vigor fue de 1.016.276. No obstante, este número se reduce a 913.723 según los datos de actualización del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Aunque muchas solicitudes están en trámite, dicha cifra expresa una correspondencia muy importante: a mayor cantidad de personas dependientes beneficiadas por la ley, mayor cantidad de cuidadores y personal de la salud. Debido a ello, el volumen de profesionales de la geriatría, trabajadores informales y servicios asistenciales está aumentando.

Para los mayores y otros colectivos en situación de dependencia la oportunidad de recibir ayudas económicas ha significado un alivio, no solamente económico y asistencial, sino también un alivio familiar. Nuevos recursos para pagar servicios de cuidado y salud, han producido desde el 1 de enero de 2007 (fecha en la que entró en vigencia la ley) el aumento del número de plazas disponibles en residencias y centros de día. También los servicios de cuidados informales y de ayuda a domicilio han crecido, incluso en poblaciones como Granada el número de trabajadores ha llegado a triplicarse. Con todo, aún hay largas listas de espera para entrar en residencias públicas y pese a la inyección económica algunos grupos residenciales privados han sentido de cerca la crisis.

La Ley de dependencia también ha influido sobre los productos relacionados con la dependencia y la discapacidad. En definitiva, se trata de una dinámica de mercado que ha encontrado un punto de foco en el tema de la dependencia.

Todo lo anterior ha significado para muchos descubrir en la ley de dependencia un nuevo yacimiento de empleo. Pero en este campo no todo es bonanza, también se han presentado distintas tensiones; a continuación un ejemplo: aún reconociendo los beneficios de aplicación de la ley, un grupo de trabajadores sociales en Riotinto Huelva se ha organizado para criticar el continuo retraso en los cobros y otras anormalidades, derivadas según ellos a la privatización del servicio de ayuda a domicilio que antes prestaba la Diputación.

Una conclusión preliminar es que este ámbito laboral no está completamente regulado, gracias a lo cual la oferta laboral ha sido aprovechada en buena medida por población inmigrante, incluso con los riesgos sociales y en salud que esto implica. Así lo indica el Centro de Orientación Sociolaboral para mujeres Inmigrantes en Madrid (COSMI), el cual denuncia el impacto en la salud de este colectivo debido a que sus condiciones laborales dejan mucho qué desear… el 68,8% no posee contrato y el 40,7% trabaja más de 50 horas semanales, entre otras características. No obstante, para normalizar el fenómeno en algunas comunidades ya se están desarrollando soluciones. Por ejemplo en la comunidad valenciana, donde se estima que la población de mujeres inmigrantes es mayor a 400.000 personas, el Consell de Inmigración y Ciudadanía ha puesto en marcha un programa de capacitación sobre el cuidado de mayores. También el servicio Aula Móvil persigue los mismos objetivos de capacitación en 144 municipios de Andalucía.

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