Recortes económicos afectan a los mayores


Foto por: sxc

La necesidad de reducir el déficit en España ha presionado al gobierno a plantear una política de austeridad económica. Diversos recortes presupuestarios se han realizado, los cuales afectan directamente a la Ley de dependencia y al sector de jubilaciones.

Uno de los recortes más llamativos es la supresión al carácter retroactivo de la ley de dependencia para aquellos ciudadanos que soliciten la valoración desde éste mes de junio. Esto significa principalmente dos cosas: primero, que desde dicha fecha el gobierno no pagará la deuda con el beneficiario producida por demoras en la entrega de recursos económicos, y segundo, que desde junio todas las comunidades no podrán retrasar la entrega de ayudas económicas en un periodo superior a seis meses. Si aún así las ayudas no se entregan, el pago del retraso (la retroactividad) lo asumirán las comunidades y no el gobierno. Valga aclarar que la retroactividad sólo se paga en dos casos: cuando se trata de una prestación económica para el cuidado de mayores en casa o en lo que se conoce como prestación vinculada al servicio, un valor que recibe el beneficiario para pagar, por ejemplo, una plaza en una residencia privada porque no hay públicas disponibles.

Esta política implica un ahorro de 300 millones de euros al gobierno y ejerce una presión no solo económica sino administrativa al funcionamiento de la ley de dependencia. En el boletín # 60 de InfoElder titulado “Desafíos de la Ley de Dependencia en el 2010″ explicamos que la demora en la entrega de ayudas era uno de los principales problemas de la aplicación de la Ley de dependencia; en muchas comunidades autónomas el tiempo de espera oscila entre 12 y 18 meses, cuando según la ley no debería ser superior a 6 meses. Debido a lo anterior, es posible que la Ley de dependencia en las comunidades autónomas se agilice y finalmente beneficie más oportunamente a la gente. Sin embargo, en la actualidad hay una deuda que sobrevive y que debe ser pagada a los dependientes que aún no han recibido sus prestaciones. El gobierno ha dispuesto que las comunidades tendrán un plazo de hasta 5 años para pagar las deudas, las cuales en muchos casos podrían ser sólo herencias debido a que más del 50% de los dependientes supera los 80 años y el promedio de su esperanza de vida es de 3 años.

Por otra parte, los recortes económicos del gobierno de España también afectan al sistema de jubilaciones. Concretamente, se ha aprobado la congelación de la revalorización de algunas pensiones en 2011. Esto significa que se congelarán de las pensiones de todos los jubilados salvo las pensiones mínimas y las no contributivas. Lo anterior supone que cinco de los ocho millones de pensiones no aumentarán el próximo año. Adicionalmente, se prevé que desde el 2011 se modificará la jubilación parcial anticipada.

Al parecer, el sistema de seguridad social deberá seguir apretándose el cinturón… y las protestas de las organizaciones de jubilados y los sindicatos intentarán una vez más hacer un reclamo social de sus derechos. No obstante, será difícil que la edad de jubilación no aumente en el futuro próximo. Por ejemplo, recientemente el Fondo Monetario Internacional ha felicitado la propuesta de retrasar la edad legal de jubilación hasta 67 años, pero el organismo internacional pide a España que no se quede sólo en una propuesta sino que se convierta en una realidad, tal y como ya lo han hecho algunos de sus socios de la eurozona como Alemania. En esta dirección ha sorprendido que en el contexto autonómico de las comunidades se haya aprobado que la edad de jubilación para los directores de Cajas de ahorro en Castilla la Mancha sea aumentada a 70 años. Lo cual marca un ejemplo, sin duda controversial, de una de las facetas del envejecimiento activo.

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